Acuerdo Humanitario para la descontaminación del territorio

COMUNICADO CONJUNTO # 52. LA HABANA, 7 DE MARZO DE 2015.

Enviado por Mesa de Conversaciones en Sáb, 03/07/2015 - 15:48

ACUERDO SOBRE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL TERRITORIO DE LA PRESENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL (MAP), ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (AEI) Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR (MUSE) O RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA (REG) EN GENERAL.

En el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra,  y de dar garantías de no repetición a las comunidades, el Gobierno y las FARC-EP hemos acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación por MAP, AEI y MUSE o REG

Para lograr la continuidad del proceso, quedará abierta la posibilidad de incluir otras organizaciones acreditables o acreditadas en Colombia.

-        Selección de sitios: El Gobierno Nacional y las FARC-EP seleccionarán un número inicial de sitios que serán objeto de una primera fase de limpieza y descontaminación en el marco del desescalamiento. La desconotaminación priorizará aquellos sitios donde la población tenga mayor riesgo de ser afectada por la presencia de MAP, AEI y MUSE o REG, sobre la base de la información de que dispongan el Gobierno Nacional, y las FARC-EP, y teniendo en cuenta la información que provean organizaciones especializadas y las comunidades.

• Recopilación de información utilizando los equipos de Estudio No Técnico (ENT). Un equipo de APN llevará a cabo el ENT dentro de las áreas seleccionadas con la participación en cada equipo de ENT de  los miembros representantes de las FARC-EP y técnicos del Gobierno Nacional, que se requieran. El ENT debe  identificar exactamente las áreas realmente contaminadas por MAP, AEI y MUSE o REG, apoyándose también en las comunidades locales próximas a las áreas contaminadas.

Los ENT se realizarán de una manera tradicional con un  cuestionario que presentarán previamente al Gobierno Nacional y las FARC-EP (el cual incluye datos de impacto socioeconómico). El cuestionario debe ser desarrollado específicamente para Colombia. El equipo evaluará toda la información disponible, consultará fuentes de información claves y también hablará con hombres y mujeres que habiten en las áreas afectadas. Los resultados del ENT serán la base para el desarrollo de un plan de limpieza y descontaminación.

• Limpieza y descontaminación utilizando equipos multi-tareas. La APN, conformará equipos multi-tareas con el propósito de liberar áreas peligrosas confirmadas, de la amenaza de MAP, AEI y MUSE o REG, marcar las áreas que no se despejarán durante el proyecto piloto y asegurarse que las comunidades locales entienden los riesgos asociados con las MAP, AEI y MUSE o REG (a través de educación en el riesgo).

En una fase inicial cada equipo multi-tareas estará integrado por un líder coordinador y verificador de la APN y los técnicos del Gobierno. El Gobierno designará para el desminado al BIDES. Todo el proceso de limpieza y descontaminación estará acompañado de los dos miembros  del Gobierno, de las FARC-EP y de las comunidades.

El Gobierno agilizará el proceso de certificación de la APN para avanzar en otras fases de este proyecto, que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y contar también con el apoyo de equipos civiles de desminado.

La limpieza y descontaminación de las  áreas peligrosas confirmadas se hará de conformidad con los estándares internacionales y nacionales.

• Diálogo con las comunidades. Durante la implementación del proceso de limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo y estrecho entre la APN y las comunidades, para crear confianza en la calidad de las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, y se promocionará el intercambio de información relacionada con MAP, AEI y MUSE o REG por parte de las comunidades a los equipos multi-tarea.

• Verificación. Para asegurar que las operaciones de limpieza y descontaminación o despeje, cumplan con los estándares necesarios y asegurarse que el territorio está libre de sospecha de MAP, AEI y MUSE o REG, la APN realizará la verificación de una manera sistemática y de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales. La verificación y todo el proceso que comprende operaciones de limpieza y descontaminación, será acompañado por dos delegados del Gobierno Nacional, dos miembros representantes designados para ello por las FARC-EP y dos representantes de las comunidades.

• Entrega formal a autoridades nacionales, locales y a las comunidades. El equipo verificador de la APN, junto con los delegados del Gobierno Nacional y los de las FARC-EP, harán entrega formal de las tierras descontaminadas a los representantes y autoridades comunitarias locales.

• Los garantes acompañarán las actividades de este proyecto.

• El Gobierno Nacional y las FARC-EP establecerán un grupo técnico para definir los sitios, la hoja de ruta para la implementación de esta medida,  incluyendo las formas y especificidades de su participación en el proyecto.

• El Gobierno Nacional se compromete a garantizar los recursos técnicos y materiales necesarios y la logística de transporte que requiera la APN –que tendrá un carácter humanitario- para la puesta en marcha de la iniciativa y a adoptar las medidas necesarias para la recuperación de los bienes y servicios afectados. El personal médico de apoyo será civil.  El Gobierno mantendrá infromada a la Mesa sobre todos los recursos suministrados.

• El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que las áreas se mantengan limpias y descontaminadas, para así brindar garantías de no repetición a las comunidades.

• La Mesa de Conversaciones establecerá un mecanismo para dar cuenta de los avances y cumplimiento en la implementación de esta medida de desescalamiento que es un compromiso mutuo.

• APN certificará que el sitio está libre de desospecha de MAP, AEI, y MUSE o REG.

INFORME COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS.

INFORME COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. LA HABANA, FEBRERO DE 2015

Enviado por Mesa de Conversaciones en Mar, 02/10/2015 - 19:34

Introducción

Desde 1958 hasta la organización de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (CHCV), por parte de la Mesa de Conversaciones de La Habana, funcionaron en Colombia numerosas comisiones de estudio e investigación sobre el fenómeno de la violencia (doce de carácter nacional y tres locales), así como algunas comisiones extrajudiciales para casos específicos, creadas por decisiones gubernamentales, sin que ninguna de ellas haya tenido el carácter de una Comisión de la Verdad.

A diferencia de todas ellas, la CHCV tiene como origen un Acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, adoptado el 5 de agosto de 2014 por la Mesa de Diálogos de La Habana, en el marco del Acuerdo y de la agenda suscritos por las partes para adelantar las conversaciones de paz. La Comisión fue conformada por doce expertos y dos relatores, con la misión de producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.

Dicho informe (integrado por los ensayos de los expertos y dos relatorías), se definió por la Mesa de Diálogos, como un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”, como “un insumo básico para una futura comisión de la verdad”, y como una contribución a la discusión del punto 5 de la agenda de negociación sobre víctimas.

Cada uno de los integrantes de la Comisión participó con total independencia y autonomía académicas. La labor de los expertos se concretó en ensayos de autoría individual que constituyeron el insumo principal de la actividad desarrollada por los relatores.

Como podrán apreciar, dadas las características de las reflexiones producidas por los expertos, que respondieron a la misión encomendada a partir de sus personales perspectivas teóricas, con formas de abordaje muy específicas y de diferente alcance, los relatores acordamos producir también en forma separada nuestros respectivos informes, en los cuales, como se podrá apreciar, se evidencia la riqueza ofrecida por la pluralidad de visiones. Su redacción final tuvo en cuenta, en cuanto fue posible, las observaciones y sugerencias formuladas por los consultores.

Confiamos en que la alternativa que hemos elegido como relatores contribuya a enriquecer un debate que estará siempre abierto para al análisis socio-político, y sea, además, útil para las deliberaciones de la Mesa de Conversaciones y para la ilustración general de la opinión pública. En pocas palabras, que contribuya al mejor entendimiento del conflicto que es, finalmente, condición necesaria para su superación.

 Informe Comisi_n Hist_rica del Conflicto y sus V_ctimas. La Habana, Febrero de 2015.pdf

o 

en https://www.dropbox.com/s/05f2bf9flxip29v/Contribuci%C3%B3n%20al%20entendimiento%20del%20conflicto%20armado%20en%20Colombia%20-%20Comisi%C3%B3n%20Hist%C3%B3rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V%C3%ADctimas.pdf?dl=0

VICTIMAS: ACUERDO DE CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

COMUNICADO CONJUNTO # 60 SOBRE EL ACUERDO DE CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. LA HABANA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Enviado por Mesa de Conversaciones en Mié, 09/23/2015 - 17:48

1.     Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2.     A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3.     En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4.     El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.  Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5.     La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6.     La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7.     Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8.     Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9.     En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

Acuerdo sobre los puntos restantes

Los puntos restantes, al momento de esta entrada son:

el punto tres (nadie entiende porque aparece en ese sitio, cuando es el del FIN...del conflicto)

2.5.3. Fin del conflicto

2.5.3.1. Proceso integral y simultáneo que implica:

2.5.3.1.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.* (proponer la coma después de hostilidades)

2.5.3.1.2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político –, de acuerdo con sus intereses.

2.5.3.1.3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP.

2.5.3.1.4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

2.5.3.1.5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

2.5.3.1.6. Garantías de seguridad.

2.5.3.1.7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.

2.5.3.2. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

y el punto seis (que si está donde debe estar)

2.5.6. Implementación, verificación y refrendación

2.5.6.1. La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.

2.5.6.2. Mecanismos de implementación y verificación.

2.5.6.2.1. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones.

2.5.6.2.2. Comisiones de seguimiento y verificación.

2.5.6.3. Mecanismos de resolución de diferencias.

2.5.6.3.1. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

2.5.6.4. Acompañamiento internacional.

2.5.6.5. Cronograma.

2.5.6.6. Presupuesto.

2.5.6.7. Herramientas de difusión y comunicación.

2.5.6.8. Mecanismo de refrendación de los acuerdos.

(http://acuerdosfirmadosenlahabana.blogspot.com.co/2012/09/empezamos-el-sabado-22-de-septiembre.html )

Acuerdo sobre el punto 2: Participación Política Apertura democrática para construir la paz (COMUNICADO CONJUNTO. LA HABANA, 06 DE NOVIEMBRE DE 2013)

COMUNICADO CONJUNTO. LA HABANA, 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

Enviado por Mesa de Conversaciones en Mié, 11/06/2013 - 11:57

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:

Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", denominado Participación Política.

En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática.

Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.

El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.

Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.

Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.

Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional.

Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.

En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.

Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.

Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.

Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.

En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.

En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.

Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.

Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.

Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias.

Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.

Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.

Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.

La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.

Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

Queremos recordar que uno de los principios que guían estas conversaciones es que "Nada está acordado hasta que todo esté acordado". Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.

Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto, quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de conversaciones.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.

Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando.

Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.

https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-noviembre-6-de-2013